Hoy días es muy difícil afirmar que la economía de un Estado es totalmente capitalista o socialista, porque incluso las naciones más representativas de ambos sistemas, tienen instituciones que van acorde con el sistema antagónico. Pero pienso que está bien así, no siento que sea una hipocresía, sino más bien prudencia, ya lo dice el viejo refrán, todo en exceso es malo.
Así las cosas, nuestro Panamá sin dudas tiene tendencias más bien capitalistas, aunque hay temas en los cuales dejamos de lado la metáfora de la mano invisible de Adam Smith, y con individuos a favor y en contra, se establecen sistemas de control de precios.
En este caso tenemos el transporte público, los combustibles, los salarios mínimos y durante la pandemia de coronavirus (COVID-19) se estableció el control de precios en insumos de salubridad, mientras que desde algunas administraciones pasadas han existido controles de precio en ciertos rubros de la canasta básica.
Ahora bien, todos estos sectores con control de precio que hemos mencionado, tienen la característica de afectar a un sector muy grande de la sociedad, es decir, no son artículos o servicios que afectan a la mitad de la población, sino a la inmensa mayoría, con énfasis a los individuos de los estratos económicos inferiores.
Pero existen sectores en los que, si bien no se cuentan con estas características, existen tarifas legales como lo es el caso del área legal, que existe hace varios años y con una actualización recién promulgada mediante Acuerdo 609-A de junio de 2021.
Otras áreas como la contable, no cuenta con una tarifa legal, pero hay numerosas voces que se alzan a favor de este sistema, aunque como en todo, con detractores también.
Los detractores de la tarifa legal por lo general hacen referencia a la competitividad, en el sentido de que cada quien puede llegar a cobrar honorarios más altos que pueda, en base a su especialización, reputación, experiencia, destreza, habilidad, cualidades y por tanto establecer un marco de referencia legal puede más bien incentivar la mediocridad, pues ya está predeterminada la cuantía a cobrar y por tanto el individuo no estaría motivado a trabajar más duro.
Los defensores en cambio, comúnmente se refieren a la competencia desleal y la ética como los principales factores para impulsar este tipo de iniciativa.
En ese aspecto, el cliente, que desconoce los pormenores del servicio que contrata, no puede conocer de la calidad del servicio recibido hasta que es muy tarde y como es sabido, en economía se dice que los precios afectan la calidad de los productos.
Entonces, un precio mínimo obligatorio, sería una manera teórica de garantizar un nivel mínimo de calidad, de manera que, si el individuo debe elegir entre varios profesionales que cobran lo mismo, se debería inclinar por aquel que brinde mejor calidad de servicio.
Y esto es de vital importancia en sectores como el contable.
Hay otras ocasiones, como cuando un contador ejerce como auxiliar de justicia y sus honorarios deberían ser suficientes para garantizar su independencia de criterio, objetividad, ética y profesionalismo, aunque siendo humanos, no hay forma de garantizar estas atribuciones en un 100%.
Se dan casos donde la justicia requiere del profesional, pero es la parte afectada la que debe pagar el honorario y se dan conflictos por estos, sin existir un instrumento legal y objetivo para dirimir el caso.
También se podrá argumentar que el sector médico tiene importancia que es literalmente de vida o muerte, pero precisamente por ese grado extremo, la calidad no se suele poner en juego: un error tiene consecuencias extremas (incluso muerte para el paciente, cárcel para el galeno). Esto debería desalentar la mala praxis.
La contabilidad es una profesión autorregulada.
La Junta Técnica de Contabilidad es una oficina del más bajo nivel jerárquico dentro del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y apenas tiene competencia para recibir denuncias por faltas a la ética y su correspondiente sanción. La iniciativa de una tarifa legal debería surgir de una institución especializada y con competencia: Como no existe, es el gremio organizado quien debe impulsar la iniciativa. La sociedad lo necesita.
Fuente: elcapitalfinanciero.com Por: Mario A. Beccabunco